Según los últimos datos sobre la Economía Sumergida en España que aparecen en el estudio realizado por el Instituto Español de Analistas Financieros, la economía sumergida representa entre el 18 y el 20% del PIB. En términos de recaudación, la cantidad que el estado español deja de ingresar estaría entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año. En cuanto al número de trabajadores que realizan su trabajo de manera ilegal, se calcula que cerca de 1.300.000 trabajadores están trabajando de manera irregular.
El afloramiento de la economía sumergida y el trabajo de extranjeros será a lo que la inspección destinará más recursos, se prestará especial atención al control de los despidos colectivos, los expedientes de regulación de empleo, los expedientes de reducción de jornada, etc.
“La economía sumergida es una estafa para los trabajadores, para los empresarios que la padecen y para la sociedad en su conjunto, frente a la que no cabe ninguna permisividad.”
Éste es el mensaje claro y rotundo de los agentes sociales.
En 2013 el gobierno creó el buzón de lucha contra el fraude laboral creado con la finalidad de que toda persona conocedora de algún incumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos Laborales, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de trabajo y Seguridad Social de forma anónima.
Se centrarán sobre todo en los sectores que en la actualidad mayores incidencias de empleo irregular presentan: la hostelería, la construcción y el comercio.
El otro apartado al que se dedicarán recursos será al empleo y las relaciones laborales, realizando especial hincapié en el cumplimiento de la cuota de reserva de trabajadores discapacitados y la actividad desarrollada por las empresas de trabajo temporal y por las agencias privadas de colocación.